Perfil demográfico y seguridad social
Los condicionantes o determinantes sociales y demográficos que inciden y son fundamentales para entender y comprender los estudios en Seguridad Social, marcan una constante de cambio, que sin duda aportan en sus respectivos tiempos para el análisis, proyección, formulación, ejecución y evaluación de programas y planes en materia de Seguridad Social.Esa característica específica de toda población en un determinado momento son las que nos permiten configurar los perfiles demográficos, que son tan útiles a la hora de construir diagnósticos de acercamiento, de evaluación o de estudio de conglomerados sociales, constituyen una especie de fotografía que refleja el comportamiento social y los rasgos determinantes de la composición de las poblaciones a las que se refiera el análisis.
Tan definitivo es ese planteamiento que autores como María Cristina Rojo Bahamonte plantea que: «Los cambios sociales y económicos producidos a partir de la segunda mitad del siglo pasado, han contribuido a la modificación del perfil demográfico de los países de América Latina y el Caribe». Entendiéndose por esa modificación, la necesidad de exigirnos en los tiempos que corren, comprensiones distintas de las formas de atención y de prestación de los servicios sociales asociados a la Seguridad Social.
Para ahondar en esto destacamos lo señalado por el Centro Latinoamericano de Demografía (Celade) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): «Las grandes transformaciones sociales y económicas que han tenido lugar en América Latina en los años 60 y 70 han dejado su impronta en el perfil demográfico de los países. La expansión de las economías ha permitido el aumento en los ingresos reales de amplios sectores de la población, la difusión y aplicación de los últimos avances médicos, el mejoramiento del estado nutricional de la población y su mayor acceso a la atención de salud y a la educación, lo que a su vez ha influido sobre el comportamiento demográfico, en el marco de un acelerado proceso de urbanización y de desarrollo de los medios de comunicación».
Lo anterior nos lleva a una situación distinta de cara a la planificación del sector social, a este respecto la autora arriba mencionada, nos comenta: «Un escenario demográfico nuevo, que da cuenta del proceso al cual nos adentrarnos puntualmente, tendrá repercusiones en el corto, mediano y largo plazo, los que incidirán directamente en las condiciones de vida, distribución del ingreso, y situación previsional y ocupacional del país».
Ante ello son las autoridades de los Estados latinoamericanos, sus sistemas de Seguridad Social y sus regímenes de prestaciones los que sin duda, tienen que a través de su funcionarios en servicio, hacer las debidas lecturas, interpretaciones que les permitan asumir las correspondientes decisiones en las materias que rigen para consolidar la sustentabilidad de los servicios, la adecuación a sus demandas poblacionales y a las exigencias de los nuevos tiempos que ello propone.
Aquí cabe destacar de Rojo Bahamonte que: «Las nuevas tareas emprendidas tendientes a la promoción de la igualdad de oportunidades y la integración social exigen de la Seguridad Social una visión de protección global de la persona, donde además de las prestaciones primarias y sanitarias son necesarias, otras dirigidas a prevenir situaciones de exclusión de los grupos más vulnerables de la comunidad».
El manejo de esas variables y su uso para análisis y estudios en pro de mejorar las políticas públicas en general y las políticas sociales en particular, con énfasis en los programas y planes de Seguridad Social constituyen referencias de singular importancia para lo que hay que realizar en el futuro inmediato,
Todo ello debe permitir que las acciones de los Estados latinoamericanos, apliquen y dediquen atención a las políticas de población como expresión real que permita la constatación de esas tendencias determinantes y variables vinculadas a los estudios demográficos con los grandes objetivos económicos y sociales que se establecen para dar cumplimiento tangible al goce y disfrute de los derechos individuales y sociales garantizados en la Carta Magna, lo que debería traducirse también en un importante cambio cualitativo que exprese con esas políticas eficaces el rompimiento de los factores que tienden a reproducir intergeneracionalmente a la pobreza.
